No más juegos con el profesorado interino

El denominado pacto de estabilidad interina que promueve el sindicato STEC, está siendo promocionado como una solución al problema de la inestabilidad laboral del profesorado en nuestra región. El problema existe, pero los acuerdos en vigor permiten que todo el profesorado interino que ha trabajado pueda continuar haciéndolo, si bien puede que no en el mismo destino. Este profesorado ha accedido a las listas actuales mediante su participación en los procesos selectivos convocados anteriormente, de los que ahora reniegan los impulsores de esta iniciativa.

Analicemos con claridad a quién beneficia y a quién perjudica la propuesta lanzada por el sindicato asambleario:

BENEFICIA

  1. Al profesorado interino que haya ocupado plazas vacantes durante el curso actual (en el caso del Profesorado de Educación Secundaria) o durante el curso próximo (en el caso del cuerpo de Maestros). Exclusivamente a quiénes hayan estado ocupando estas plazas durante estos períodos indicados. El resto de interinos, que no están en esta situación, quedan excluidos de esta propuesta.
  2. Al propio sindicato promotor de la iniciativa. En realidad, no es sino una interesada propuesta en vísperas de las elecciones sindicales que puede atraer el voto de compañeros integrados en este colectivo docente.

PERJUDICA

  1. Al resto de miembros del colectivo de interinos, que se vería relegado en las listas vigentes debido, en ocasiones, al azar ya que pueden no haber trabajado por distintos motivos durante el curso actual (cuidado de hijos o familiares dependientes, ocupar plazas en otras administraciones…) compañeros con muchos años de experiencia.
  2. A todos los ciudadanos que pretenden acceder a un puesto de funcionario docente conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad y que se verían imposibilitados para poder incorporarse a la tarea educativa, salvo que se crearan cientos de nuevas plazas de profesorado.
  3. A los funcionarios docentes de carrera, que verían desaparecer su derecho a optar a las plazas que quedarían ocupadas por estos compañeros suponiendo de hecho la anulación de los concursos de traslados.

ANPE Cantabria defiende el acceso a la función pública mediante el escrupuloso respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad que establece nuestro marco legislativo. Por otro lado, nos hemos preocupado y ocupado de garantizar, en la medida de lo posible la estabilidad del profesorado interino, mediante la elaboración de un sistema de listas de interinidad que beneficia claramente a los interinos con más antigüedad (los que llevan muchos años trabajando en vacante). Esto es un hecho indiscutible, y ANPE fue el principal impulsor de este acuerdo de listas, hace más de una década. En ese sentido, hemos seguido trabajando para mejorar este sistema y adaptarlo a las circunstancias de cada momento.

Por ese motivo, afirmamos que la única forma de estabilizar definitivamente al profesorado interino es mediante la conversión de funcionarios interinos en funcionarios de carrera, a través de la convocatoria de procesos de concurso-oposición en condiciones de igualdad para todos los participantes. Todo lo demás son cantos de sirena o brindis al sol.

Por si fuera poco, esta iniciativa de promover una huelga en la que se convoca sólo a una parte del colectivo interino, perjudica a todos (docentes, alumnos y familias), y no beneficia a nadie, porque sus promotores son conscientes de la escasa repercusión que puede tener. Prueba de ello es que el colectivo de interinos ANIL, que ha impugnado la oferta de empleo público, está formado solamente por 127 personas, cuando lo lógico sería que estuvieran, al menos, todos los interinos que trabajan en vacante en Cantabria (cerca de 2000).

Si esta asociación y el sindicato convocante tuvieran éxito en la paralización de las actuales oposiciones, y consiguieran una oposición “restringida” podrían encontrarse con demandas de paralización de esas oposiciones, tanto por parte de interinos que no cumplieran sus criterios de consolidación, como por funcionarios de carrera que verían mermado su derecho a la movilidad por la congelación de las plazas para estos procesos.

ANPE Cantabria considera una falta de respeto para todos los opositores la promoción de este tipo de iniciativas a estas alturas del proceso selectivo, a menos de 3 meses del comienzo de las pruebas. No se pueden fomentar acciones de este calado, cuando lo que se necesita es tranquilidad y seguridad para centrarse en los estudios y en la finalización del curso escolar. No parece muy lógico aprobar una oferta de empleo público amplia y acto seguido, pedir estabilidad para los interinos.

ANPE Cantabria pondrá todo su esfuerzo en exigir a la administración que el proceso selectivo se desarrolle con todas las garantías, que sea lo más objetivo y transparente posible, que todas las reclamaciones sean debidamente atendidas y que los criterios y estándares de evaluación y calificación sean conocidos por todos los aspirantes, con suficiente antelación.

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